La doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza es la primera magistrada peruana en integrar la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Actualmente se desempeña en la Sala de Apelaciones y fue vicepresidenta de la Corte entre 2021 y 2024. Su carrera en el Ministerio Público peruano abarca más de tres décadas, incluyendo su participación en el proceso contra Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente creado en 1998 por el Estatuto de Roma, ratificado por 125 países, incluido el Perú. Su función es juzgar los crímenes que conmueven a la humanidad: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Actúa cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Su existencia responde a una necesidad concreta: que los responsables de estos crímenes no queden impunes.
Trayectoria profesional
La doctora Ibáñez Carranza ingresó al Ministerio Público en 1983. Fue fiscal superior coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional, donde investigó violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno y crímenes de lesa humanidad. Más allá de su trabajo en casos de terrorismo, su carrera incluyó investigaciones complejas sobre corrupción y organizaciones criminales.
Además de su labor fiscal, es doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal. Ha publicado trabajos académicos sobre derecho penal y procesal penal, y ha sido profesora universitaria. Esa combinación de práctica judicial y producción académica le dio una formación que la llevó a ser considerada para la CPI. En 2018, fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional con el respaldo de 77 Estados. Su trabajo en la Sala de Apelaciones y su paso por la vicepresidencia de la Corte la han convertido en una magistrada de reconocido prestigio internacional.
Las consecuencias de administrar justicia
En 2025, durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos sancionó a la jueza Ibáñez Carranza, a otros cinco jueces y a tres fiscales de la CPI. Las medidas incluyeron la pérdida de la visa estadounidense, la cancelación de sus tarjetas de crédito y la imposibilidad de realizar transacciones en dólares. El Departamento de Estado justificó la sanción contra Ibáñez Carranza por haber autorizado la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán. Las sanciones alcanzaron incluso a su familia.
Estas medidas no son un hecho aislado. Son parte de una tendencia preocupante: el uso de restricciones económicas y de movilidad para presionar a magistrados y fiscales. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, calificó estas medidas como “devastadoras” y señaló que Estados Unidos busca influir en el trabajo de los jueces y fiscales tratándolos “de la misma manera que trata a presuntos terroristas o líderes de cárteles”.
La jueza ha mantenido su posición. En una entrevista con BBC Mundo, declaró: “Estoy en la Corte Penal Internacional porque siento que mi misión es administrar justicia para las víctimas más vulnerables del mundo entero” . Sobre las sanciones, afirmó: “Me honran, son condecoraciones por mi actuar y por defender el Estado de Derecho internacional y la justicia bien hecha, que son las bases de la paz” .
Lo que su caso dice sobre el ejercicio de la justicia
En el Perú, la tensión entre justicia y poder es visible. Jueces que han aplicado el control difuso sobre leyes del Congreso han enfrentado cuestionamientos públicos e investigaciones disciplinarias. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, lo expresó con claridad en su mensaje por Fiestas Patrias: “Las magistradas y magistrados son independientes por la causa de la justicia y por la responsabilidad histórica de sostener el Estado de Derecho, aun cuando ello implique decisiones difíciles, impopulares, críticas o complejas” .
La historia de la jueza Ibáñez Carranza refleja esa misma tensión. La justicia no es un concepto abstracto. Es una práctica que se sostiene con decisiones concretas, muchas veces en condiciones adversas. Su caso no es una anécdota sobre una magistrada excepcional. Es una evidencia de que administrar justicia con independencia tiene un costo.
Y también una advertencia: cuando el poder político sanciona a quienes administran justicia con autonomía, no solo afecta a un magistrado. Debilita el principio mismo de que la justicia debe estar por encima de consideraciones políticas o de intereses particulares.
Luz del Carmen Ibáñez Carranza: una vida dedicada a la justicia:
- Primera jueza peruana en la Corte Penal Internacional, elegida en 2018 con el respaldo de 77 Estados.
- Vicepresidenta de la CPI entre 2021 y 2024; hoy jueza de la Sala de Apelaciones.
- Más de 30 años de experiencia como fiscal en Perú, incluyendo el caso contra Abimael Guzmán.
- Sancionada por la administración del presidente Trump en 2025.
- Su misión: administrar justicia para las víctimas más vulnerables del mundo.
La trayectoria de la doctora Ibáñez Carranza muestra el costo de administrar justicia cuando el poder político decide no respetarla. Su ejemplo es una constatación: la justicia, cuando se ejerce con integridad, no se negocia. Quienes la ejercen con independencia y vocación de servicio sostienen un principio fundamental: la justicia es un derecho de todos y no puede ser sometida a los intereses de quienes concentran poder. Por eso, su labor merece el respaldo de la sociedad y de las instituciones que, como el Colegio de Abogados de Lima, tienen la responsabilidad de defender la independencia del ejercicio profesional, el Estado de Derecho y, sobre todo, la vigencia de la justicia como fin último de la función jurisdiccional.
