La corrupción no es un problema técnico. No se resuelve solo con más leyes ni con procedimientos más rigurosos. De hecho, la experiencia peruana muestra que la corrupción puede ocultarse perfectamente detrás de la formalidad. Un expediente impecable puede estar cubriendo una decisión tomada al margen de la ley. Una licitación que cumple todos los requisitos formales puede haber sido amañada desde el principio. Por eso, la lucha contra la corrupción no puede ser solo una cuestión de abogados que cumplen trámites. Tiene que ser una lucha de toda la sociedad.
Esta no es una percepción infundada. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, el Perú obtuvo 30 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 130 de 182 países. En 2020 alcanzábamos 38 puntos. Hemos perdido 8 puntos en cinco años. Cada punto perdido significa más impunidad. Más desigualdad. Menos confianza en las instituciones. Frente a esta realidad, el Colegio de Abogados de Lima ha decidido dar un paso al frente y asumir un rol de articulación social en la lucha contra este flagelo.
La corrupción como fenómeno social
La corrupción no es un acto aislado. Es la manifestación de estructuras políticas y sociales débiles, que permiten que el poder se ejerza al margen de la ley. Cuando la corrupción se sistematiza, sustituye al Derecho en la toma de decisiones y construye zonas liberadas bajo el control de organizaciones criminales. A más corrupción, peores servicios públicos: el que no paga, no accede.
Por eso, luchar contra la corrupción es luchar por la democracia. Y esa lucha no puede quedar en manos exclusivas de los especialistas. La ciudadanía tiene un rol fundamental: vigilar, denunciar y exigir que las cosas se hagan con transparencia. Los abogados, por su parte, tienen la responsabilidad de no quedarse en el mero cumplimiento formal de los procedimientos. Cuestionar procesos que parecen vacíos, denunciar irregularidades y no limitarse a “cumplir el trámite” son acciones concretas que pueden marcar la diferencia.
Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción en Perú (2012-2025)La escala va de 0 (máxima corrupción) a 100 (total transparencia). La caída libre de la línea a partir de 2022 demuestra que la percepción de la corrupción en el país se ha agravado de forma crítica en los últimos años.
El Observatorio como plataforma ciudadana
Bajo el liderazgo de la decana Delia Espinoza, el CAL ha dado los pasos para constituir el Observatorio contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Esta iniciativa no es un espacio cerrado de abogados. Es una plataforma abierta que convoca a colegios profesionales, gremios empresariales, gremios sindicales y ciudadanía en general para formar un frente común contra la corrupción.
El Observatorio tiene tres funciones principales. La primera es la vigilancia: monitorear los actos de corrupción en el sector público y privado. La segunda es el registro: documentar casos y denuncias para exigir acción del Estado. Los ciudadanos podrán registrar sus denuncias a través de los canales que el CAL habilitará para este fin, y los abogados podrán reportar los casos de corrupción que detecten en su ejercicio profesional. La tercera es la articulación: convocar a todos los sectores de la sociedad para que la lucha anticorrupción sea un esfuerzo colectivo.
Además, el Colegio informará periódicamente sobre los avances o retrocesos en esta lucha, y formulará propuestas legales que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, identificando vacíos normativos y cerrando espacios a la corrupción.
Este esfuerzo se enmarca en lo que establecen los instrumentos internacionales: tanto la Convención Interamericana Contra la Corrupción (1996) como la Convención de la ONU Contra la Corrupción (2003) reconocen que la participación de la sociedad civil es fundamental para combatir este flagelo. El CAL, como institución con más de 220 años de historia, asume el rol de convocar y articular a la sociedad en esta tarea.
El Observatorio contra la Corrupción:
- Vigilancia ciudadana: monitoreo de actos de corrupción en el sector público y privado.
- Registro de denuncias: canales habilitados para ciudadanos y abogados.
- Articulación social: convocatoria a colegios profesionales, gremios y ciudadanía para formar un frente común.
- Informes periódicos: evaluación de los avances y retrocesos en la lucha anticorrupción.
- Propuestas legales: identificación de vacíos normativos y formulación de iniciativas para cerrar espacios a la corrupción.
La corrupción no es un destino inevitable. Es una batalla que puede ganarse, pero solo si se libra colectivamente. El Observatorio contra la Corrupción y el Crimen Organizado del CAL es una herramienta para articular esa lucha. Pero su fuerza no está en el Colegio, sino en la participación activa de todos los ciudadanos. Los abogados tienen la oportunidad de ir más allá del formalismo y ser verdaderos agentes de cambio. Los ciudadanos, de exigir transparencia y rendición de cuentas. El CAL está dando el primer paso. La invitación está abierta a todos los peruanos que creen que es posible construir un país más justo y menos corrupto. La democracia y el futuro del país están en juego. La vigilancia ciudadana es la herramienta más poderosa para defenderlos.
